Esta tarde se llevó adelante la quinta y última audiencia en el marco de la conciliación obligatoria dictada el pasado 22 de agosto por el Juzgado Laboral N°4 de la ciudad de Paraná – a cargo de María Alejandra Abud -, la cual ordenaba a las partes (CGE, AGMER, AMET y SADOP) la suspensión de todas las medidas de fuerza por un plazo de 20 días hábiles. Por SADOP Entre Ríos participaron la secretaria general de SADOP Entre Ríos, lic. Alejandra Frank, y el sec. Adjunto y Administrativo, prof. Gustavo Bolzán.

Desde los gremios justificaron la no aceptación de la propuesta debido a que la misma va “detrás de la inflación en el primer semestre, a la baja; que el pago de la recomposición se realiza en dos veces, con un salario atrasado; entre otras demandas como lo son el no pago de los días de paro”, etc. En definitiva, lo que le propone el CGE no alcanza a lo perdido en términos reales.

En esta instancia, el gobierno provincial presentó una nueva oferta que implicaba la incorporación a la oferta anterior de una suma fija NO remunerativa NI bonificable, la cual fue rechazada.

En su intervención, Alejandra Frank expresó “que la situación le genera tristeza al no haber podido llegar a un acuerdo en esta instancia. Que en el revisionismo histórico queda demostrado que el trabajo docente no ha sido compensado como corresponde (…) Las y los docentes docente no pueden cubrir la necesidades básicas de su grupo familiar por lo que necesitamos una respuesta urgente”. Finalmente destacó “que en la mayoría de los casos, el empleador privado no está pagando el FONID, solo los que tienen subsidios”.

El fin de la instancia judicial implica que los gremios docentes retomarán la próxima semana el plan de lucha suspendido por la conciliación obligatoria. Por ello, el Consejo Directivo Provincial de nuestra organización sindical se reunirá el próximo lunes a primera hora a fin de determinar las medidas de acción directa correspondientes.

Ante el feroz ajuste propiciado por el gobierno, desde SADOP Entre Ríos conminamos a las entidades propietarias privadas a asumir su responsabilidad como garantes de sueldos que deben ser acordes a la importancia del trabajo docente.