El SINDICATO ARGENTINO DE DOCENTES PRIVADOS denunciará y hará las presentaciones correspondientes en  resguardo de la fuente laboral de los docentes privados ante la presentación de un anteproyecto de ley por el que se buscará eliminar el financiamiento a las escuelas “públicas de gestión privada”.

La cotidianeidad de la vida del docente privado es cruzada por opiniones y acciones que traslucen desconocimiento de amplios sectores de la sociedad sobre la realidad de la Educación Pública de Gestión Privada, y lo que es peor aún, también de autoridades estatales en distintos niveles. En ese camino podemos encontrarnos con posturas que van desde la estatización total del sistema educativo a miradas neoliberales que pregonan la libre empresa por lo que sabemos que  la educación privada sigue siendo prisionera de posturas ideologizadas que no reflejan la práctica habitual del sector ni aportan soluciones viables a sus necesidades.

Si la Educación es un bien público el derecho a su acceso no puede entenderse restrictivamente. Fragmentar, dividir u oponer sectores del sistema educativo es ser funcionales a la idea de que no todos tienen derecho a educar o educarse.

La escuela de gestión privada y la escuela de gestión estatal son dos modelos distintos que sirven para que el Estado cumpla con su obligación de garantizar el acceso al bien público  que es la Educación. En tal sentido nunca pueden ser excluyentes ni contradictorios. La obligación del Estado de garantizar el acceso a la educación con independencia del tipo de gestión (estatal o privada) implica la consiguiente obligación de disponer los recursos a tal fin.

La Ley Nacional de Educación N 26.206 coloca al Estado como responsable de la totalidad del sistema educativo, la educación es un “bien público”. En tal sentido en  su ARTÍCULO 2° dice: .- “La educación y el conocimiento son un bien público y un derecho personal y social, garantizados por el Estado”.

Y asimismo reconoce en su artículo 13.- “El Estado Nacional, las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires reconocen, autorizan y supervisan el funcionamiento de instituciones educativas de gestión privada, confesionales o no confesionales, de gestión cooperativa y de gestión social”.

Como bien puede observarse, al declarar el Estado que la Educación es un BIEN PUBLICO y un DERECHO PERSONAL Y SOCIAL elimina la existencia del concepto de la Educación Privada como BIEN que pueda privatizarse. En nuestro país sólo existe la educación como BIEN PÚBLICO.

Desde esta óptica, no se puede entender a la gestión privada como opuesta a la gestión estatal, ya que sólo difieren en la manera de llevar adelante las acciones educativas pero manteniendo como fundamento el principio de que la Educación es siempre un bien público.

SADOP considera al Financiamiento de la Educación de Gestión Privada como Garantía de Acceso a la Igualdad de Oportunidades. El aporte del Estado no es una dádiva ni una liberalidad del gobierno de turno. Es una obligación del Estado para garantizar el acceso a la educación, por ello debe entenderse como una inversión permanente acompañando el crecimiento en cargos, horas y demás requerimientos para atender a la tarea educativa.

El aporte estatal o subvención consiste en una suma de dinero que el Estado gira a determinados establecimientos educativos de gestión privada, a efectos de contribuir con el pago de salarios de su personal.

El principio general está enunciado en el artículo 65 de la Ley 26.206: “La asignación de aportes financieros por parte del Estado destinados a los salarios docentes de los establecimientos de gestión privada reconocidos y autorizados por las autoridades jurisdiccionales competentes, estará basada en criterios objetivos de justicia social, teniendo en cuenta la función social que cumple en su zona de influencia, el tipo de establecimiento, el proyecto educativo o propuesta experimental y el arancel que se establezca”.

Es decir que el subsidio, en principio, tiene como objetivo atender los gastos salariales-incluyendo los aportes y contribuciones a los sistemas de previsión y seguridad social-del personal en general, o sólo los del personal docente, o parte de ellos, o sólo un porcentaje de estos salarios.

El Aporte Estatal  lo entendemos como una Herramienta de Inclusión, ya que es un esfuerzo económico colectivo dispuesto en función de garantizar la libertad de enseñanza para las familias, las instituciones y los docentes no puede entenderse como un privilegio o como un derecho absoluto, ni administrarse en sentido contrario al bien común. En el caso de que se eliminaran todos los subsidios, y merced al aumento de precios que se operaría, sólo los sectores medios y altos podrían permanecer en las escuelas privadas. En consecuencia, los sectores de menores recursos volverían masivamente a la escuela pública no por opción sino por obligación al no poder seguir pagando escuela privada.

Este escenario trae un problema adicional y es que las escuelas públicas de los barrios más carenciados van a tener que aceptar una demanda para la que no están preparadas: más aulas y más escuelas para recibir a los que vienen de las privadas. Si bien una parte de este déficit podría financiarse con el ahorro de los subsidios, la inversión en edificios requerida parece, al menos en principio, mayor a la de los ahorros por no subsidiar. Habrán de pasar varios años hasta que se construyan nuevas escuelas o se adquieran para el Estado las escuelas privadas que quedarían sin alumnos. Es posible que, al menos en los primeros años de esta solución, las escuelas públicas y los chicos  de sectores de menores recursos vivan años angustiantes.

Creemos en la libertad de enseñanza y en el trabajo digno para los educadores privados. Este proyecto de  ley es en contra de los docentes de escuelas públicas de gestión privada  y el legítimo derecho del SADOP como su entidad gremial representativa a buscar mejores condiciones de trabajo para los docentes. De la misma manera que a nivel nacional se impulsa la Negociación Colectiva como herramienta para la mejora de la profesión docente, en Entre Ríos intentamos avanzar en instrumentos que fortalezcan los derechos laborales del sector. SADOP solo responde al interés de sus docentes y avanza en una reivindicación altamente esperada por los mismos. La ley 26.206 expresa que la gestión (acciones educativas) se lleva adelante en corresponsabilidad con otros agentes: “Son responsables de las acciones educativas el Estado Nacional, las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los términos fijados por el artículo 4° de esta ley; los municipios, las confesiones religiosas reconocidas oficialmente y las organizaciones de la sociedad; y la familia, como agente natural y primario”. (Artículo 6)

SADOP defiende la libertad de enseñanza entendido como el derecho de docentes, padres e instituciones privadas a brindar el servicio educativo con el aporte económico del Estado. De hecho cada discusión paritaria implica el aumento del presupuesto que se destina a tal fin, en la misma medida que desde el gremio se reclaman la creación de horas y cargos. Lo que el Estado destina a los aportes de las escuelas privadas se deben en gran parte a la lucha de los docentes privados por su salario.

El Estado debe salvaguardar la libertad de las familias, si bien el Estado posee derechos y  deberes sobre la educación,  tal intervención no puede chocar con la legítima posibilidad de elegir el tipo de educación que deseen para sus hijos. En este caso, lo hacen de acuerdo al Ideario de la escuela que coincida con sus expectativas, en el artículo 63 de la Ley 26.206 se expresa: Tendrán derecho a prestar estos servicios la Iglesia Católica, las confesiones religiosas inscriptas en el Registro Nacional de Cultos; las sociedades, cooperativas, organizaciones sociales, sindicatos, asociaciones, fundaciones y empresas con personería jurídica y las personas físicas cumpliendo con la normativa y los lineamientos de la política educativa nacional y jurisdiccional.

El SADOP, Seccional Entre Ríos desde la conformación de la Mesa de Diálogo Privada, viene participando en ella de manera activa, responsable y comprometida pues considera que este es el ámbito en el cual se puede discutir, disentir, consensuar y acordar de manera democrática, siendo protagonistas activos en las decisiones sobre las políticas educativas y salariales de la provincia.

Desde un principio, decidió tomar protagonismo en las discusiones y lo demuestra un hecho significativo; SADOP apuesta al dialogo como una herramienta sindical importantísima, sin restarle importancia a las demás acciones gremiales que lleva a cabo constantemente, como una manera de reclamar y hacer conocer las cuestiones pendientes de resolución.

El camino del diálogo es el más difícil de transitar, conlleva muchos sinsabores y cuestionamientos, sumado a que los logros no son inmediatos por lo que hoy SADOP  ALERTA, SE MOVILIZA Y DENUNCIA QUE SE PONE EN RIESGO LA FUENTE LABORAL DE NUESTROS COMPAÑEROS.

SADOP ENTRE RIOS decidió dar instrucción a sus asesores jurídicos para que recurran  todas las  instancias legales en defensa de los derechos de los docentes privados. La pretensión de llevar adelante este proyecto de ley  es en contra de los docentes privados atentando  contra su estabilidad laboral, su salario y su dignidad.

Basamos nuestro accionar en el derecho de enseñar y aprender, real sustento de nuestra fuente de trabajo. Defendiendo la dignidad del hombre por sobre todas las cosas.

Diariamente nos replanteamos los alcances de la tarea docente. Redimensionamos el espacio de la Escuela y el Aula, como motorización del engranaje social. Educamos ciudadanos en los principios éticos, la Verdad, la Solidaridad y la Justicia, preparándolos para ejercer un rol de participación crítica en su inserción social.

La vigencia de nuestros derechos como trabajadores, sólo podrán concretarse si construimos la unidad de nuestro sector, respetando y haciendo respetar, nuestra identidad de docentes privados.

Consejo Directivo Provincial

SADOP – Seccional Entre Ríos