El Ministerio de Desarrollo Social decidió dar de baja pensiones a personas con discapacidad. Se quitó la ayuda social a beneficiarios cuyos cónyuges perciban una pensión o jubilación, incluida si es la mínima, como así también a personas con dificultad para manejarse de manera independiente en caso de contar con un tutor que perciba un ingreso de 21 mil pesos
Una vez más se vulneran los derechos de las personas con discapacidad en contradicción a tratados internacionales, leyes nacionales y sobre todo se irrumpe con la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad que desde 2014 en Argentina tiene jerarquía constitucional, aprobada por la ONU y reconoce que las personas con discapacidad son sujetos de derechos.
Algunos de los criterios que se usaron para retirar pensiones no contributivas fue que el beneficiario posea bienes, por ejemplo, un auto, siendo este bien una necesidad para muchos que no pueden movilizarse en transporte público.
Una vez más en juego el respeto de los derechos de las personas con discapacidad bajo un modelo económico vulnerable e insensible, determinando el alcance de estos derechos como políticas públicas, naturalizando una de las debilidades de este gobierno, frente a esta población, donde no solo no se cumplen sus derechos adquiridos sino instalando la exclusión.
DECIMOS ENTONCES:
¿Qué lugar ocupa dentro de estas políticas públicas las necesidades de los que más lo necesitan?
¿Qué reflexión se merece el Plan Nacional de Discapacidad cuando se habla de acciones de INCLUSIÓN, HETEROGENEIDAD Y COMPROMISO SOCIAL?
¿Dónde quedó la esencia del modelo de calidad de vida e inclusión social de las personas con discapacidad?
¿Los derechos de las personas con discapacidad son prioritarios en la agenda de este modelo?
La inclusión habla del derecho y la obligación social de construir entre todos comunidades para todos, que permitan valorar la diferencia basada en el reconocimiento básico de la igualdad.
Por lo tanto, las leyes y acciones políticas deben buscar que todos los ciudadanos puedan ejercer sus derechos y el Estado, seguir constituyéndose como garante de los derechos de las personas con discapacidad.
Prof. Sandra Ferrero
Asesora en Educación Especial
SADOP Nación
Fuente: www.sadop.net
